Más de 82 millones de líneas telefónicas en México amanecieron el 25 de junio de 2026 con una sentencia pendiente: vincularse al Padrón Nacional de Telefonía Móvil o perder el servicio. Ante la magnitud del rezago, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sorprendió con una prórroga escalonada que reescribe el final de la historia, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre, pero no para todos al mismo tiempo.
Contexto: un padrón con historia de fracasos
El registro obligatorio de líneas celulares no es un experimento nuevo en México. En 2008 se lanzó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), pero fue cancelado debido a su ineficacia y a la filtración masiva de su base de datos (Grupo Animal). En 2021, el gobierno federal intentó de nuevo con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que exigía datos biométricos y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2022 por violar el derecho a la privacidad y no demostrar proporcionalidad entre sus beneficios y riesgos (CRT, portal oficial). El actual esquema, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, arrancó formalmente el 9 de enero de 2026, cuando los lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. A diferencia de sus predecesores, este padrón no exige biométricos, sino la asociación del número de celular al nombre y CURP del usuario, con la compañía telefónica como intermediaria (CRT). La fecha límite original era el 30 de junio de 2026.
Desarrollo: sólo el 43% registrado, la prórroga inevitable
Los números lo decían todo. Al corte del 5 de junio, apenas 56.7 millones de líneas estaban vinculadas de un universo estimado de 144.5 millones activas en México (Grupo Animal). Para la mañana del 25 de junio, la cifra había escalado a 63 millones —40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago—, lo que representaba apenas el 43% del total (El Universal). Para alcanzar el 100% antes del 30 de junio, los operadores habrían necesitado procesar 1.5 millones de registros diarios, cuando el promedio real oscilaba entre 320,000 y 352,000 líneas por día (El Financiero). La brecha era insalvable. Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó el 25 de junio que se presentaría un balance sobre el avance del padrón, y horas después la CRT difundió el nuevo calendario escalonado (La Silla Rota). El esquema asigna una fecha límite distinta según el último dígito del número: las terminaciones 0 y 1 deberán registrarse antes del 15 y 31 de agosto; las terminaciones 2 y 3, antes del 15 y 30 de septiembre; 4 y 5, el 15 y 31 de octubre; 6 y 7, el 15 y 30 de noviembre; y las terminaciones 8 y 9 tendrán como fecha última el 15 y 31 de diciembre de 2026, respectivamente (El Universal / La Silla Rota). La medida no llegó sin presión legislativa. El senador Mario Vázquez del PAN había solicitado formalmente ampliar el plazo por 180 días, argumentando que existían muchas dudas sobre el proceso entre los usuarios (UnoTV). Sobre las consecuencias de no registrarse, la CRT fue clara: las compañías suspenderán el servicio 72 horas después del vencimiento de la fecha de cada terminación, y las líneas suspendidas sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, recibir alertas sísmicas y contactar al operador (La Silla Rota).
Impacto: entre la seguridad digital y los derechos ciudadanos
El debate de fondo va más allá de los plazos. Especialistas en telecomunicaciones y ciberseguridad han advertido reiteradamente sobre los riesgos del modelo. Mony de Swaan Addati, expresidente de la extinta Cofetel y presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), señaló que el registro tiene 〞huecos por demasiados lados para que termine siendo un mecanismo eficiente〞, afectando además al ecosistema de telecomunicaciones del país (El Financiero). El abogado constitucionalista José Mario de la Garza argumentó que combatir la extorsión 〞no justifica que de forma general se haga una invasión a los derechos de privacidad e intimidad〞 de los ciudadanos (El Imparcial). Las preocupaciones se extienden también al campo técnico: la ausencia de datos biométricos debilita los procesos de validación de identidad, mientras que los especialistas en derechos digitales advierten sobre el riesgo de filtraciones, recordando que el número telefónico funciona como una 〞llave maestra〞 vinculada a cuentas bancarias, correos y redes sociales (El Informador). La CRT, por su parte, insiste en que los datos no se concentran en un padrón nacional centralizado, sino que cada compañía telefónica resguarda la información de sus propios clientes, accesible al gobierno sólo mediante orden judicial (El Municipal). Lo que es innegable es que la prórroga escalonada, aunque otorga tiempo, no resuelve el debate estructural sobre si México está repitiendo, con nueva envoltura, los errores del RENAUT y el PANAUT. Con más de 81 millones de líneas aún pendientes y una historia regulatoria plagada de tropiezos, la cuenta regresiva ahora tiene doce meses de rostro nuevo, pero los mismos dilemas de siempre.
Fuentes consultadas: La Silla Rota, El Universal, UnoTV, El Financiero, El Imparcial, Grupo Animal, El Informador, portal oficial CRT (registratulinea.crt.gob.mx), El Municipal QRO, Sopitas