El Cabildo de Culiacán aprobó este martes la licencia solicitada por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se separa temporalmente del cargo en medio de una grave crisis política que sacude al gobierno municipal y estatal de Sinaloa, derivada de las acusaciones de presuntos vínculos con el cártel de Los Chapitos.

La sesión de Cabildo, celebrada en un ambiente de alta tensión política, dio luz verde a la solicitud del edil culiacanense, quien enfrenta señalamientos que lo vinculan con la estructura criminal liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La aprobación de la licencia abre la puerta para que un funcionario interino asuma las riendas del municipio más importante de Sinaloa mientras se esclarecen las investigaciones en curso.

Este caso no es aislado. La controversia también alcanza al gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado en el mismo contexto de presuntos nexos con el crimen organizado, lo que ha generado un terremoto político sin precedentes en el estado norteño. Las acusaciones han escalado a nivel nacional e internacional, poniendo a Sinaloa bajo el escrutinio de autoridades federales y medios de comunicación de todo el país.

Desde que estallaron los señalamientos, tanto el alcalde como el gobernador han negado categóricamente cualquier tipo de relación con grupos del narcotráfico. Sin embargo, la presión política y social ha sido insostenible, lo que derivó en la decisión de Gámez Mendívil de solicitar licencia ante el Cabildo para, según sus declaraciones, no entorpecer el funcionamiento de la administración municipal mientras se desarrollan los procesos legales correspondientes.

La situación en Sinaloa refleja una problemática estructural que el gobierno federal ha prometido atender con toda la fuerza del Estado. Organizaciones civiles y ciudadanos han exigido transparencia en las investigaciones y garantías de que la justicia actuará sin distinción de fueros ni posiciones políticas.

Culiacán, capital del estado y epicentro histórico del narcotráfico mexicano, vive uno de sus momentos políticos más delicados en años recientes. La ciudadanía aguarda respuestas concretas sobre el destino de las investigaciones y la continuidad de los servicios municipales durante el período en que el alcalde permanezca separado del cargo.

El caso seguirá siendo monitoreado de cerca por la prensa nacional e instancias federales, en un estado que desde 2023 ha vivido una profunda crisis de seguridad tras el estallido de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.