Las estadísticas oficiales muestran una caída de casi 40% en los homicidios dolosos de Sinaloa durante los dos meses en que Rubén Rocha Moya permaneció con licencia como gobernador, pero detrás de ese dato aparentemente alentador se esconde un debate más profundo: ¿reflejan las cifras la realidad o son resultado de una manipulación sistemática de los registros? La respuesta, según especialistas, es incómoda para todas las partes.
Contexto: de la acusación de EU a la licencia
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación en la que señaló a Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán (El Financiero). Dos días después, el 1 de mayo de 2026, Rocha Moya anunció ante los medios: “Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra” (El Financiero). Al día siguiente, el 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa autorizó por mayoría su licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, convirtiéndola en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa (France 24, Congreso de Sinaloa). El telón de fondo es devastador: durante la gestión de Rocha Moya, los homicidios dolosos pasaron de 478 víctimas en 2022 a mil 656 en 2025, el año más violento del siglo XXI en el estado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (La Silla Rota, Vanguardia).
Desarrollo: ¿baja real o estadística maquillada?
El comparativo es el siguiente: en mayo de 2025 Sinaloa registró 158 asesinatos, mientras que en mayo de 2026 la cifra descendió a 112 víctimas; en junio de 2025 se llegó hasta 210 homicidios y el mismo mes de 2026 cerró en 115 (El Universal, Infobae). En total, la reducción en el bimestre mayo-junio 2026 frente al mismo periodo del año anterior ronda el 40%. Especialistas en seguridad consultados por El Universal coinciden en que el desgaste entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, así como los operativos de autoridades mexicanas y estadounidenses contra el crimen organizado, pueden explicar parte de la tendencia (El Universal). Sin embargo, el consultor en seguridad pública David Saucedo señala otra lectura: “No es que haya menos muertos, hay menos cadáveres”, porque los cárteles estarían ocultando cuerpos en narcofosas, arrojándolos al mar o calcinándolos (El Universal). Saucedo va más lejos y advierte un “maquillaje de cifras” en el que la Fiscalía de Sinaloa registra homicidios dolosos como culposos para mostrar éxito en la estrategia de seguridad, convirtiendo ejecuciones en supuestos accidentes de tránsito (El Universal). Esta línea de análisis no es nueva: un estudio del investigador Adrián López Ortiz, publicado con la organización Causa en Común, documentó que durante el gobierno de Rocha Moya la Fiscalía estatal redujo artificialmente en un 23% el conteo de homicidios mediante la reclasificación de muertes bajo categorías como “causa de muerte por determinar” o “agresión a la autoridad” (Infobae). La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, informó que la investigación contra Rocha Moya y las otras nueve personas señaladas por Washington continúa en curso, aunque hasta el momento no cuenta con el nivel de pruebas que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal (Infobae). Mientras tanto, TV Azteca reportó que entre el 1 de mayo y finales de junio se abrieron 225 carpetas por homicidio doloso, 257 por desaparición de personas y 719 por robo de vehículos en el estado, cifras que dibujan una realidad más compleja que la que sugiere el titular del 40% (TV Azteca).
Impacto: una baja estadística en medio de una crisis estructural
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la federación mantendrá el operativo en Sinaloa tras la salida de Rocha Moya, en un estado que acumula más de 4 mil homicidios durante el sexenio y donde el padrón de familias desplazadas pasó de 3 mil en 2025 a 3 mil 800 en 2026 (La Silla Rota). Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que Rocha Moya “probablemente pase a la historia como el peor gobernador de Sinaloa” (Vanguardia). La doctora Arlene Ramírez Uresti, de la Universidad Iberoamericana, interpreta la licencia como “una muestra de voluntad del gobierno de México ante la requisición de Estados Unidos” para garantizar el debido proceso (Vanguardia). Los especialistas coinciden en que será necesario observar otros indicadores, como las desapariciones y los delitos de alto impacto, para determinar si la reducción de homicidios representa una mejora sostenida o un ajuste coyuntural en la dinámica del crimen organizado y en el registro oficial de los delitos (Infobae). Lo que sí es claro es que Sinaloa no sale de la crisis con un cambio de titular en el gobierno: la violencia que azota al estado es estructural, y ninguna estadística, real o maquillada, puede ocultar eso.
Fuentes consultadas: El Universal, Infobae México, El Financiero, France 24, La Silla Rota, Vanguardia, TV Azteca Noticias, Congreso del Estado de Sinaloa, La Jornada, Causa en Común