En Ensenada, Baja California, el pasado 16 de julio de 2026, agentes federales detuvieron a Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición que tuvo México en la era moderna, símbolo histórico de la alternancia democrática, ahora señalado de encabezar lo que la Fiscalía General de la República (FGR) calificó como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento. El panista, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, enfrenta cargos por delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y un presunto esquema de triangulación financiera valuado en miles de millones de pesos.
Contexto: el primer gobernador opositor, hoy en el Altiplano
Ernesto Ruffo Appel no es un político menor. Fue el primer gobernador de oposición en Baja California (1989-1995), símbolo de la alternancia democrática de los años 90 en México. Décadas después, su nombre aparece en expedientes de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculados a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la que es accionista mayoritario. Según la FGR, esta compañía habría operado como eje de una red de importación ilegal de combustibles, adquiridos en refinerías de Texas, que luego se distribuían en estados como Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, evadiendo controles aduaneros al declarar apenas el 10% de la capacidad real de carga de las unidades. El 19 de julio fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece bajo prisión preventiva dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, luego de una audiencia de más de 30 horas.
Desarrollo: triangulación, miles de millones y el choque político
Las cifras reveladas por las investigaciones son contundentes. Entre junio de 2024 y julio de 2025, una sola cuenta de Ingemar en Grupo Financiero Intercam registró operaciones superiores a 3 mil 75 millones de pesos (El Siglo de Torreón, Diario de Confianza). El análisis financiero detectó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares (Infobae). La FGR documentó 4 mil 238 operaciones de importación en un periodo de seis meses, con volúmenes de diésel que superaron en más de 10 veces lo autorizado. Aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades (Infobae). El daño fiscal estimado total, según legisladores de Morena, asciende a más de 4 mil 600 millones de pesos (Central Municipal).
El presunto esquema de triangulación era sofisticado. Según la FGR, la empresa Ingemar habría dependido de recursos provenientes de Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., que posteriormente eran transferidos a empresas extranjeras como Belar Fuels Company y Unico Commodities (Diario de Confianza). Las cuentas mostraban un patrón recurrente: recursos recibidos y transferidos casi de inmediato, con saldos mínimos. Una empresa central recibía los ingresos y los canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales, en un esquema que la FGR calificó con indicios de triangulación de recursos (Infobae).
El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, salió al paso de las acusaciones del PAN. El legislador oficialista rechazó que la investigación sea un montaje, argumentando que en ella participaron el SAT, la UIF y la FGR. “Es una investigación de más de un año, donde participaron instituciones como el SAT, la UIF y la propia FGR”, declaró Ávila (Central Municipal). A su vez, el legislador acusó al PAN de defender históricamente a evasores y contrabandistas. La FGR negó categóricamente que la detención de Ruffo Appel sea una persecución política (Diario de Confianza).
Por su parte, el PAN calificó el caso como persecución política. Legisladores panistas acusaron al gobierno federal de utilizar la detención como “cortina de humo” para desviar la atención de los señalamientos contra gobernadores de Morena, en particular Marina del Pilar Ávila en Baja California y Rubén Rocha Moya en Sinaloa (Central Municipal, Proceso). La defensa de Ruffo Appel promovió amparos en los que reclama 17 actos irregulares a la FGR, incluyendo incomunicación, negativa de atención médica y obstáculos para comunicarse con sus familiares y abogados (El Universal, Excélsior).
Impacto: un caso que sacude a la oposición y complica el tablero político
El caso Ruffo Appel llega en un momento de alta tensión política para Baja California y para el propio partido gobernante. Como señala la revista Proceso, además de las acusaciones de huachicol fiscal y los señalamientos sobre gobernadores de Morena, el affaire de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la detención del exgobernador panista “tienen a Morena en un conflicto judicial con graves efectos político-electorales” de cara a 2027. El PAN defiende a su histórico militante; Morena insiste en que la ley aplica igual para todos. En el centro del debate, un hombre de 76 años, el primero en romper el monopolio político del PRI en Baja California, recluido en el penal de máxima seguridad más conocido del país, mientras sus abogados batallan en los juzgados y la opinión pública se divide entre quienes ven justicia y quienes ven venganza.
Fuentes consultadas: El Siglo de Torreón, Proceso, El Universal, Excélsior, Infobae, Central Municipal, Diario de Confianza, La Razón de México, Nación321, Analisis.mx