La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el jueves 16 de julio de 2026 al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en el municipio de Ensenada, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La aprehensión desató una disputa política de alto voltaje entre Morena y la oposición, con el partido Somos México —del que Ruffo forma parte como consejero consultivo— como uno de los principales flancos de la confrontación.
Contexto: el primer gobernador de oposición en México, ante la justicia
Ernesto Ruffo Appel gobernó Baja California entre 1989 y 1995 bajo las filas del Partido Acción Nacional (PAN), convirtiéndose en el primer mandatario estatal de oposición en la historia del país, hecho que marcó el inicio de la alternancia política en México. Décadas después, su nombre quedó ligado a la investigación del denominado huachicol fiscal, modalidad delictiva que consiste en introducir combustibles al país sin reportar los volúmenes reales de importación para evadir obligaciones fiscales y aduaneras. La empresa en el centro de las investigaciones es Ingemar S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel es señalado como socio. Desde septiembre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, había adelantado públicamente que las pesquisas por huachicol involucraban a un exgobernador del PAN, sin precisar el nombre.
Desarrollo: la detención, el operativo y la cadena de implicados
La orden de aprehensión fue solicitada por el Ministerio Público Federal y autorizada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien ordenó la captura de Ruffo y otras 24 personas (Reforma). Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden en Ensenada y trasladaron al exmandatario a las instalaciones de la FGR en la Zona Río de Tijuana, donde fue sometido a exámenes médicos (El Financiero). Posteriormente fue enviado a la Ciudad de México y quedó en custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se espera sea presentado ante una jueza federal con sede en Almoloya de Juárez para que se determine su situación jurídica (El Imparcial). La FGR calcula que las operaciones investigadas ocasionaron un daño fiscal cercano a 4 mil millones de pesos, según señaló la fiscal Ernestina Godoy. La indagatoria abarca un periodo de operaciones que la Fiscalía ubica entre 2019 y 2026, con cargamentos provenientes de refinerías de Texas mediante ferrotanques. El caso está vinculado al aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible ilegal en 129 ferrotanques en Coahuila, ocurrido en julio de 2025 (Milenio, Infobae). La hija del exgobernador, Verónica Ruffo, acudió a las instalaciones de la FGR en Tijuana y denunció ante medios que las autoridades le impidieron tener contacto con su padre: “Le pedí la orden de aprehensión y me dijo que no podía entregarme nada, no hay claridad en cómo podamos tener mayor información”, declaró (Excélsior). Ruffo Appel había sostenido en entrevistas previas que las investigaciones en su contra obedecían a motivos políticos y que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades.
Impacto político: Morena vs. PAN, Somos México y grietas internas
La detención desencadenó reacciones cruzadas. Morena emitió un comunicado la noche del 16 de julio en el que descartó que la aprehensión obedezca a una consigna partidista y acusó al llamado PRIAN de “doble moral”: “Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política”, señala el texto partidista (Infobae). El senador de Morena Antonino Morales Toledo anunció que presentará ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que la FGR y el INE investiguen si Ruffo Appel financió con recursos presuntamente ilícitos a Somos México, al PAN y a la organización Marea Rosa (Diario de Yucatán). Por su parte, el partido Somos México —en el que Ruffo figura como consejero consultivo— calificó la detención como un “inaudito atropello” y exigió su liberación inmediata, argumentando que Ingemar opera con aval de aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía (Infobae). Su presidente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, la calificó de “una infamia absoluta” (El Universal). El líder nacional del PAN, Jorge Romero, exhortó a que las acusaciones “deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley” (El Universal). Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox se pronunciaron en redes sociales acusando al gobierno federal de aplicar una justicia “discriminatoria y selectiva” (Diario de Yucatán). La fisura más llamativa surgió desde dentro de Morena: el senador Javier Corral, excompañero de Ruffo Appel en el PAN, escribió en X que le sorprendía “enormemente” la detención de quien siempre ha concebido como “una persona honesta, íntegra, un hombre de bien” (Infobae). La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la detención tenga motivaciones políticas y señaló que si el exgobernador demuestra no estar involucrado, son los jueces quienes actuarán (El Imparcial). El caso permanece en curso; Ruffo Appel aún no ha sido vinculado a proceso ni se ha confirmado su ingreso formal a un penal, y se mantiene la presunción de inocencia conforme a la ley.
Fuentes consultadas: Milenio, Infobae, El Universal, El Imparcial, El Financiero, Excélsior, La Jornada, Diario de Yucatán, La Crónica de Hoy, La Razón de México, Serpientes y Escaleras, San Diego Red